La Procuraduría General de la Nación envió al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de La Rosa, las observaciones realizadas al proceso licitatorio para el “mejoramiento y mantenimiento de la red vial del departamento”, respecto al alto valor de la financiación del proyecto, donde el costo de las obras se equipara al costo de la financiación, lo que podría afectar la economía del departamento y la disponibilidad presupuestal de las próximas administraciones.

Para el ente de control, si bien es cierto que la entidad territorial atendió algunas de las observaciones y sugerencias realizadas durante el proceso de vigilancia preventiva, es motivo de alarma la persistencia en el modelo de estructuración financiera del proyecto, en el cual el costo total corresponde a casi el doble del valor de la obra que se ejecutará, debido a que por cada millón  se pagarían $920 mil en financiación.

De acuerdo con los datos suministrados por la Secretaría de Infraestructura y el análisis efectuado al modelo financiero escogido por la gobernación, la Procuraduría Delegada de la Función Pública considera que es posible que no sea el más acertado en una relación costo/beneficio, si se tiene en cuenta el alto valor de la financiación, el número de años que toma la construcción y el mantenimiento extendido.

El ente de control considera que probable que los contratistas recurran a su capital de trabajo o flujo de caja sin acudir al sistema financiero para pagar el costo de la obra, lo que significa que la tasa de interés establecida por la gobernación no sería necesaria y, por el contrario, si la gobernación insiste en ella, la administración departamental le reconocería intereses que podrían duplicar los del mercado financiero.

Por otro lado, al efectuar una revisión aleatoria del Análisis de Precios Unitarios (APUs) calculados por el ente departamental y comparados con los del Instituto Nacional de Vías (Invias) y actualizados al primer semestre de 2017, se observan variaciones considerables entre ellos, encontrando que la administración departamental supera en un porcentaje importante los de la entidad nacional de construcción de infraestructura vial, situación más compleja si se tiene en cuenta que los APUs de la Gobernación, a diferencia de los del Invias, no contemplan el 30% correspondiente al AIU (costos de Administración, Imprevistos y Utilidad).

Por otra parte, para el Ministerio Público es motivo de inquietud el contenido del cuarto  considerando de la  Resolución N° 00019 del 08 de junio de 2017, por medio de la cual se reanuda el proceso licitatorio, el cual se había suspendido a través de la Resolución N° 000017 del 01 de junio de 2017, ya que a través de este se estaría modificando el numeral 4.17 del pliego de condiciones definitivo, respecto de  la capacidad financiera de los  proponentes, la cual deberá ser calculada única y exclusivamente  tomando como base la información del RUP vigente con corte a 31 de diciembre de 2015, lo que es considerado por el ente de control como una posible adenda extemporánea, contrariando las normas sobre contratación estatal y los principios de transparencia y selección.

El Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Leandro Ramos, señaló que el proceso de vigilancia preventiva: “tiene como objetivo velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, salvaguardar el patrimonio público y garantizar la entrega de   resultados óptimos a la ciudadanía en los procesos contractuales del sector infraestructura y transporte multimodal a cargo de este despacho”.